La soja contra los pueblos originarios

El 4 de julio, cerca de 300 policías, en cumplimiento de una orden judicial de “restitución provisoria de tierras”, desalojaron de su territorio a habitantes de la comunidad Indio Colalao, ubicada en el departamento de Trancas, al norte del país, en la frontera entre las provincias de Tucumán y Salta. Medio centenar de indígenas huyeron, intimidados por un operativo policial con motos, perros, caballos y balas de goma. La representante de la comunidad, María Lilia Delgado, comunicó que hubo “algunos enfrentamientos” con la policía, sin heridos graves.

Los miembros de la comunidad denuncian que han sido despojados de sus tierras por dos empresarios sojeros, Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Eduardo Posse, quienes adquirieron de un modo irregular las 19.800 hectáreas en disputa. Se las vendió Jorge Raúl Prat Gay, padre del ex presidente del Banco Central argentino y actualmente diputado por el partido opositor Coalición Cívica, que se había hecho con las tierras en 2003 mediante una operación que los indígenas califican de fraudulenta.

La comunidad declaró que, unos días atrás, había sufrido un “allanamiento” de su territorio. Desde entonces, una veintena de vehículos policiales se amontonaban en las cercanías del territorio, a la espera de la orden judicial de desalojo. Pero el acoso que denuncian los indígenas data de 2010, cuando comenzó a aplicarse en la provincia de Tucumán la ley 26.610, encaminada a la restitución y legalización de las tierras pertenecientes desde tiempos ancestrales a las comunidades indígenas.

Desde aquel momento, dicen, el acoso de Moreno y Vela ha sido incesante: se les cortó el agua de la acequia que utilizaban para riego y consumo, les impidieron la siembra y mataron a sus animales. Finalmente, les cerraron el único camino que permitía el acceso con vehículos y controlaron con vigilantes armados el ingreso y la salida. Todo un “plan de expulsión” de latifundistas que, denuncian los aborígenes, cuentan con el apoyo del poder político y judicial en la provincia.
La comunidad reveló estos hechos ante instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero aseguran que no han recibido respuesta.

Denuncias internacionales

La semana pasada, la ONU pidió al Estado argentino medidas urgentes para mejorar la situación de los indígenas en el país. Naciones Unidas demandó terminar con los desalojos ilegales de tierras, eliminar los impedimentos con los que se encuentran las comunidades para acudir a la Justicia y políticas eficaces en materia de salud y educación. “Existe todavía en Argentina una falta de seguridad jurídica respecto de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales tradicionales”, advierte el informe de la ONU, realizado tras la reciente visita al país del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

También Amnistía Internacional ha sido contundente en sus críticas a los desalojos, casi siempre motivados por la expectativa de utilizar los terrenos en emprendimientos agropecuarios o mineros orientados a la exportación. “Se desplaza a los pobladores, que casi nunca tienen la titularidad legal y que tienen problemas para demostrar sus derechos”, explica a ELMUNDO.es Mariela Belski, directora Ejecutiva de AI en Argentina. “Los amenazan y amedrentan de un modo que no se adecua a las leyes”, afirma Belski, y recuerda que la ley reconoce la propiedad de la tierra de los pueblos originarios, así como la necesidad de consulta y diálogo previo en caso de que el desalojo sea inevitable. “Los gobiernos provinciales a menudo están en connivencia con las empresas, y el Gobierno nacional mira para otro lado”, concluye Belski.

Según el censo 2010, la población argentina que se declara indígena llega a 955.032 personas, un 2,38% del total del país. El 29,5% habita en viviendas deficitarias.

Nazaret Castro | Buenos Aires
Fuente: El Mundo

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