El ‘fracking’ se prepara para instalarse con fuerza en España

Un pozo explotado con la técnica del 'fracking'

La fiebre del oro ha llegado a España. Pero no se trata de pepitas doradas ni de petróleo, los dos tesoros que históricamente han alimentado el sueño de hacer un pozo en la tierra y desenterrar una fortuna. El objeto de esta fiebre –así como su sostenibilidad y rentabilidad, aseguran sus detractores– es más bien etéreo, gaseoso. Un informe del Consejo Superior de Ingenieros de Minas asegura que España esconde bajo tierra recursos de gas natural para 39 años de consumo. ¿El problema? Sólo es posible extraerlos a través del fracking, una controvertida técnica que puede causar serios daños medioambientales.
El Gobierno español ha autorizado en los últimos años unos 85 permisos de investigación (el paso previo a una licencia de extracción de hidrocarburos) a empresas españolas e internacionales, incluyendo algunas que practican esta técnica en Estados Unidos, donde ya hay informes y denuncias por contaminación del agua y el aire en las zonas de explotación. La mayor parte de las prospecciones se encuentran en las cuencas vasco cantábrica, del Ebro o del Guadalquivir. El ministro de industria, José Manuel Soria, se mostró la semana pasada “a favor”  de permitir el fracking, siempre que cumpla los requisitos medioambientales. Su ministerio incluso modificó una ley para incluir esta práctica, que se no se ha autorizado en otros países con yacimientos aún mayores que el español, como Francia y Bulgaria.

El fracking consiste en cavar pozos de entre 2.000 y 5.000 metros de profundidad, a los que se les inyecta a altísima presión una mezcla de agua, arena y químicos, que hace estallar las rocas donde está atrapado el gas, liberándolo. El peligro que advierten las asociaciones ecologistas es que estas sustancias pueden contaminar la tierra y las reservas de agua.

“A veces se recupera un 80% de los agentes químicos, a veces sólo un 15%”, explica Francisco Ramos, de Ecologistas en Acción. La Plataforma de Municipios libres de fracking, que ya suma un centenar de localidades, asegura que las explosiones pueden generar movimientos sísmicos, y que el agua que se extrae junto con el gas es altamente tóxica y no está claro cuál es su destino. En investigaciones realizadas en Estados Unidos se mencionan también las posibles emanaciones de benceno, un gas considerado cancerígeno.

Lo que para algunos es, controlando los efectos medioambientales, una oportunidad de negocio para el país –el informe de los Ingenieros de Minas habla de “oportunidad de futuro” que podría “crear miles de puestos de trabajo y reducir la notable dependencia energética” española– para otros supone someter a la población a un peligro innecesario.
El parlamento de Cantabria aprobó hace unos días la prohibición total del fracking en su territorio, un camino que está previsto que siga también Asturias. En Cataluña se rechazó la propuesta de ICV de vetar esta práctica, aunque se dio el visto bueno a la creación de una comisión de investigación sobre sus posibles efectos nocivos. Y hay iniciativas similares en La Rioja y Andalucía. Sin embargo, con la disposición que modifica la Ley de Hidrocarburos para incluir el fracking, la regulación estatal se impondría sobre las autonómicas. “Una vez que sea legislación básica del Estado español, afectará a todas las comunidades autónomas”, reconoció el ministro Soria el pasado 9 de abril.

Ver información completa en diario.es

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